El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se refirió este miércoles a dos temas que generan fuerte repercusión en la agenda pública: la reciente condena a la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez, y la denuncia por presunta defraudación contra el actual secretario de Ética Pública, Ricardo Bazla, en el marco de la causa por la cosecha desaparecida del campo “El Caburé”.
En relación a Ramírez, quien fue condenada a un año y medio de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, el mandatario provincial fue cauto: “Soy muy respetuoso de los fallos de la Justicia”, expresó, y agregó que aguardarán los fundamentos de la sentencia mientras Fiscalía evalúa los próximos pasos.
Consultado por la Gaceta digital sobre si la pena le parecía leve, Poggi evitó profundizar: “Fue condenada por un delito. El delito existió”, sostuvo. Cabe recordar que la ex funcionaria también fue absuelta por el beneficio de la duda en la causa vinculada a un presunto sobreprecio en la compra de un colectivo.
Por otra parte, el gobernador también se pronunció sobre la situación de Ricardo Bazla, quien este miércoles enfrentaba la audiencia de formulación de cargos. La Fiscalía solicitó su imputación por presunta defraudación contra la administración pública, en la investigación por la millonaria desaparición de cosecha en el establecimiento rural “El Caburé”.
Poggi confirmó que Bazla solicitó una licencia sin goce de sueldo para afrontar su defensa, la cual fue concedida por 90 días. “Consideré correcta la petición. Está denunciado y debe defenderse”, señaló el mandatario, quien además remarcó que desde el propio Gobierno también impulsaron denuncias vinculadas al caso.
En ese contexto, mencionó al ex funcionario Darío Oviedo Helfenberger, quien ya se encuentra procesado por delitos como defraudación en perjuicio de la administración pública, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ambos casos profundizan el foco sobre la gestión de los recursos públicos y mantienen en vilo al ámbito político provincial, a la espera de nuevas definiciones judiciales.