El secretario de Ética Pública y Control de Gestión del Gobierno de San Luis, Ricardo André Bazla actualmente bajo licencia, fue imputado por la Justicia en el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades vinculadas a la administración pública.
De acuerdo a la información judicial, la imputación comprende los delitos de defraudación a la administración pública, peculado, hurto, falsedad ideológica, utilización de instrumento público falsificado agravado por la calidad de funcionario, estafa procesal, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Entre los hechos señalados en la causa, se investiga una denuncia contra Darío Oviedo ex funcionario de la Secretaría de Bazla, que habría sido realizada con instrumentos presuntamente falsos, así como un acuerdo con el ministro de Producción y una resolución posdatada vinculada a un predio en El Caburé, que habría sido tramitada sin intervención del sistema oficial (Tramix) y sin notificación correspondiente. También se analiza la presunta falsedad ideológica de esos instrumentos y su posterior utilización en actuaciones administrativas y judiciales.
La investigación está a cargo del juez Alfredo Cuello y se enmarca, además, en el caso por la presunta desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de dos millones de dólares.
En paralelo, la Justicia dispuso medidas restrictivas, entre ellas la prohibición de ingreso a Casa de Gobierno, de acercamiento a funcionarios de la Secretaría —algunos de los cuales habrían declarado en la causa, la retención del pasaporte, la restricción de acceso al sistema Tramix y la prohibición de salir de la provincia sin autorización judicial.
El avance judicial genera expectativa en el ámbito político provincial, donde se aguardan posibles repercusiones y consecuencias dentro del gobierno.