La Justicia Nacional del Trabajo hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) y ordenó la suspensión provisoria de varios artículos de la Ley 27.802, recientemente sancionada por el Congreso.
La acción fue iniciada por la central obrera contra el Estado Nacional, con el objetivo de que se declare la inconstitucionalidad de numerosos puntos de la norma que modifican el régimen laboral vigente. Según la CGT, los cambios implican una afectación de derechos protegidos por la Constitución Nacional, como la libertad sindical, la negociación colectiva y las condiciones de trabajo.
El fallo considera que existen elementos suficientes para otorgar la cautelar, al menos de manera provisoria, al advertir una “verosimilitud del derecho” en los planteos realizados por la entidad sindical. Además, el tribunal entendió que la aplicación inmediata de la ley podría generar perjuicios a trabajadores y organizaciones gremiales mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
La resolución también reconoce la legitimidad de la CGT para representar a los trabajadores en este tipo de acciones colectivas, destacando su rol dentro del sistema de relaciones laborales en el país.
Por su parte, el Estado Nacional había solicitado el rechazo de la cautelar, argumentando que la ley fue dictada en ejercicio de facultades constitucionales y que su suspensión afectaría el interés público y la división de poderes.
La medida tendrá carácter provisorio hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad de la reforma laboral, en una causa que impacta sobre millones de trabajadores en todo el país.