El proyecto de Régimen Penal Juvenil sufrió modificaciones clave horas antes de la votación est jueves . Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para dejar explícito que los menores no podrán ser privados de su libertad en los mismos establecimientos que los adultos. Además, el artículo 43 fue modificado para eliminar la posibilidad de que la querella intervenga en la suspensión del proceso a prueba, atribución que quedará exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal.
Objetivos y alcance del proyecto
La iniciativa establece que el objetivo central es fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad legal, promoviendo su educación, resocialización e integración social. Para ello se contemplan capacitaciones, actividades recreativas y deportivas, atención médica y tratamiento de adicciones, junto con instancias de mediación con las víctimas para garantizar sus derechos.
El texto fija penas máximas de hasta 15 años y habilita la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena. En casos con penas de hasta 3 años —o de entre 3 y 10 años cuando no se trate de delitos graves— se prevén sanciones alternativas: amonestaciones, prohibiciones de contacto con la víctima, restricciones para conducir o salir del país y trabajos comunitarios.
Presupuesto y estructura de control
El dictamen oficial incorpora una partida de $23.739 millones para implementar el sistema. Más de $20.000 millones se asignan a la Defensoría General de la Nación para garantizar la defensa de los jóvenes, mientras que más de $3.000 millones se destinan al Ministerio de Justicia para designar “supervisores”, profesionales con formación en pedagogía, psicología, adicciones y trabajo social que deberán mantener entrevistas semanales con los adolescentes imputados.
El proyecto indica que los alojamientos deberán ser en dependencias especialmente acondicionadas y bajo personal capacitado. Sin embargo, no establece financiamiento específico para construir nuevos centros, sino que prevé convenios entre Nación y provincias para cumplir los estándares.
Infraestructura, el punto crítico
Desde sectores del radicalismo señalaron que los gastos corrientes previstos superan ampliamente a los fondos para infraestructura, lo que podría limitar la implementación real. Como referencia, citaron obras recientes: la refacción del Instituto Nazario Benavídez en San Juan costó $1.019 millones, mientras que proyectos carcelarios de gran escala superan los $100.000 millones.
Datos del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura indican que existen 100 establecimientos juveniles en el país: Buenos Aires concentra 37 y Santa Fe tiene 10; ninguna otra provincia supera los dos dígitos y 17 jurisdicciones cuentan con tres o menos. Tierra del Fuego no posee ninguno. Con un plazo de adecuación de 180 días, especialistas advierten que la falta de infraestructura podría convertirse en el principal obstáculo.
Clima político
El debate se dio en paralelo a movimientos parlamentarios, como el reciente juramento del diputado Juan Schiaretti. En los pasillos del Congreso también se vio al jefe del bloque peronista, Germán Martínez, junto a la legisladora Virginia Gallardo, reflejando el clima de negociaciones cruzadas que rodeó el tratamiento de la iniciativa.